Entre los clientes vips del Mesón de Cabañas, que regenta Rafael Molero en Cabañas de la Sagra (Toledo), estaban algunos de los jefazos de la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación y la Integración (Fuhnpaiin), una entidad dependiente del Hospital Nacional de Parapléjicos, situado a apenas una veintena de kilómetros de distancia. Día sí, día también, ya fuera Félix Lobo, el responsable de las cuentas de la entidad, ya fuera Miguel Ángel Carrasco, el anterior director del Hospital y responsable legal de la Fundación, se dejaban caer por el famoso mesón. Fines de semana incluidos. Y sin reparar en gastos. Hasta 600 euros por seis comensales. “Eran muy buenos clientes. Tenían una cuenta propia abierta aquí y me pagaban o con transferencia o con talones”, explica Molero. Tan asiduo era Félix Lobo del restaurante que la comunión de su hijo, celebrada el pasado año, tuvo lugar en el Mesón de Molero. Parte la pagó de su bolsillo. Otra parte, a costa de la Fundación. 

Es tan solo la punta del iceberg de las “graves irregularidades contables” que una auditoría encargada por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha descubierto en los últimos ejercicios de la Fundación, dependiente del Gobierno autónomo y cuyo fin es investigar en la lesión medular. Un escándalo que ha caído como una bomba en un hospital público que acaba de ser acreditado como referente nacional para el tratamiento de la lesión medular, donde cada año se producen 1.300 ingresos (300 casos nuevos y el resto, revisiones) y cuyo trabajo ha sido reconocido en innumerables ocasiones. Lejos de los 45.000 euros de beneficio que sus gestores declaraban en 2011, la Fundación arrastra un agujero de dos millones de euros. Numerosas facturas de comidas a más de cien euros, subvenciones sospechosas a rallies de coches, a corridas de toros o a torneos de baloncesto, regalos, gastos sin justificar de una Visa que corría de mano en mano, el alquiler de un vehículo para uso personal, compra de locales por un alto importe que luego permanecían cerrados… Durante años, Félix Lobo manejó a su antojo las cuentas de una Fundación cuyo responsable legal era el endocrino Miguel Ángel Carrasco –hoy en un centro de Salud de Torrijos–, director del hospital hasta que, el pasado verano, fue sustituido por Francisco Marí.

Lobo, en declaraciones a interviú, se desvincula de lo sucedido. Dice que no sabe nada. Que dejó la Fundación en marzo de 2012 por “motivos personales” y que era un “simple gestor sin poder alguno sobre las cuentas de la Fundación. Yo nunca he robado nada”. Al respecto, Carrasco no ha respondido a las numerosas llamadas de esta revista.

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Cinco jóvenes murieron en la fiesta de Halloween del Madrid Arena, el pasado 1 de noviembre. El organizador de esa fiesta, el empresario Miguel Ángel Flores, está imputado en un proceso penal, tras demostrarse ya que vendió al menos 16.971 entradas, 6.321 más de las permitidas. Se investiga además si otras tres mil personas entraron al local tras comprar entradas en la reventa. La Justicia será probablemente lenta –el juez Eduardo López-Palop ya ha pedido apoyo de otro magistrado– y se tardará años hasta pronunciar la sentencia definitiva, pero Flores sí podría haber sido ya sancionado por otra vía totalmente legal, la administrativa. “La superación del aforo máximo permitido cuando comporte un grave riesgo para la seguridad de personas o bienes” es una infracción muy grave, según el artículo 31 de la Ley de Espectáculos de la Comunidad de Madrid, que contempla multas de hasta 300.506 euros y la “inhabilitación para la organización de espectáculos hasta dos años” para el responsable. En este caso bastaría con que el Ayuntamiento de Madrid, aplicando esa ley, abriera un expediente sancionador al empresario de Diviertt. Algo que, según confirman fuentes municipales, aún no se ha hecho: “Lo están estudiando los servicios jurídicos de Madrid Espacios y Congresos. Hay dudas sobre si es conveniente entrar en una sanción administrativa mientras está abierta la investigación judicial”.

Familiares de las fallecidas, en cambio, no entienden la tardanza municipal en tomar medidas contra el empresario: “La ley está muy clara, las sanciones administrativas son independientes del proceso penal, y vender entradas de más no es un delito en sí mismo. Pero el ayuntamiento no quiere investigar a Flores porque al final sería investigarse a ellos mismos. Es ética y moralmente inaceptable que dos meses y medio después de lo ocurrido aún no se le haya sancionado y no se le cierren las puertas para evitar que siga haciendo sus fiestas y sus negocios”. En el ayuntamiento admiten “el terremoto” y la conmoción sufrida tras la tragedia. Han perdido sus puestos Miguel Ángel Villanueva –el número dos de la alcaldía y conocido de Miguel Ángel Flores, que avaló la versión del empresario sobre el aforo– y los principales directivos de Madrid Espacios y Congresos, sociedad responsable de alquilar el local a la empresa de Flores. Fuentes del PP de Madrid admiten como “obvio” que el Ayuntamiento será considerado responsable civil subsidiario del caso (tendrá que indemnizar a las familias de las cinco fallecidas), y desde la corporación municipal garantizan: “Iremos con toda la fuerza de la ley a por este señor, que no quepa duda”. Las posibles sanciones municipales contra Flores deben tomarse antes de dos años, de lo contrario quedarían anuladas.

Ante la indecisión del ayuntamiento, familiares de las víctimas recurrieron a la Comunidad de Madrid. La abogada María José Siñeriz, que representa a la familia de Cristina Arce, una de las jóvenes que murieron en la fiesta, lo explica: “Hay una disposición transitoria de 2010 que permite que la comunidad sancione si el ayuntamiento no lo hace”, asegura. La madre de una de las víctimas llegó a hablar sobre ello con un miembro del Gobierno de la comunidad y le pidió que sancionaran a Miguel Ángel Flores y su empresa. La respuesta fue que era competencia del Ayuntamiento.

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Plantado en la sala de su casa, Tomás Ozaeta se enfurece al pensar que cualquier día una pala mecánica enfilará hacia su ventana y derribará lo que a él tanto le costó construir. “Aquí he sido feliz”, proclama. Sus palabras se pierden en un edificio casi abandonado. Casi, porque aún está Tomás. Y ahí piensa estar hasta el último día de vida de Errekaleor, el barrio en el que nació su hija. Aunque hoy parezca mentira, esta zona de Vitoria –capital del País Vasco–, también es conocida como El Mundo Mejor. El nombre se lo ganó hace algo más de sesenta años, cuando el obispado levantó allí un barrio de 192 casas para los obreros de las fábricas de la zona.Muchos de ellos provenían de otros lugares de la Península. 

“Este siempre fue un lugar distinto”, afirma Albino Joaquín. Tiene 45 años, tantos como los que lleva viviendo en Errekaleor. “Aquí las puertas nunca se cerraban con llave, y eso no pasaba en otros puntos de Vitoria”, asegura. Más allá de estos gratos recuerdos, el ayuntamiento alavés –actualmente gobernado por el PP– pretende echar abajo este barrio. La idea empezó a gestarse en 2002, cuando el gobierno municipal –también estaba en manos de los populares– lanzó su plan de “reconstruir” la zona. 

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Vivía desde hace tiempo en una habitación del hotel Tryp de A Coruña, un cuatro estrellas. Y vivía del aire, o sea, de lo que sacaba con sus chantajes o, en lenguaje policial, de sus pirulas. Fernando Sieira, condenado la pasada semana a una multa de 300 euros por tratar de estafar al que fue deán de la Catedral de Santiago de Compostela, José María Díaz, trató de engañar en los últimos años a toda clase de personas, desde la baronesa Thyssen hasta un directivo de El Corte Inglés; desde los dueños de un local de alterne a las afueras de Madrid hasta a varios traficantes de droga.

“Si no me entregan 70.000 euros, haré público un dvd con información que demuestra que ustedes se dedican a camuflar cocaína en algunos de sus vehículos”. El director de El Corte Inglés de A Coruña en 2009 escuchó atónito las amenazas de un desconocido. Ante semejante extorsión y estafa, el hombre fue a la policía, que detuvo pocos días después a Sieira.

Dado que la estafa no se llevó a cabo, Sieira recuperó la libertad poco después. Ese mismo año, en 2009, decidió chantajear a los encargados del Flower’s Park, un macrolocal de alterne situado junto a la carretera de A Coruña en Las Rozas (Madrid). “Ayer estuve allí. Si no me dais 50.000 euros, volveré y dejaré un kilo de cocaína en el local. Luego, avisaré a mis amigos policías para que hagan una redada y lo encuentren”. Hubo un regateo y Sieira aceptó bajar a 18.000 euros el precio de su chantaje, pero los dueños –que sufrieron redadas reales en el club al menos desde 2006 y hasta un incendio en 2008– también acudieron a la policía, que desbarató de nuevo el plan de Sieira.

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Unas chicas de calendario contra otras perdidas en la ciudad. O GH contra el reality de Cuatro. El caso es que nuestras chicas de calendario, María y Noemí –de GH 12+1– arrasaron cuando aparecieron en la portada de interviú. Y lo mismo ha sucedido con las chicas de ‘Perdidos en la Ciudad´, Chabeli y Cristina.

Ahora proponemos a nuestros lectores que disfruten de los dos making of y decidan qué pareja les gusta más. Dinos cuál es tu pareja favorita pinchando aquí . La respuesta más ingeniosa conseguirá un dock de la marca Nevir NVR-351 A. Un fabuloso dispositivo compatible con todos los modelos de ipod y iphone, con el que puedes escuchar música, sintonizar la radio, despertador y cargar los dispositivos.

Además, ponemos los contadores de visitas de los making of a cero para este reto. ¿Qué pareja será la más vista? 

En unas semanas la respuesta, en interviú.es

Lo primero que llama la atención cuando uno se acerca a La Jonquera desde la parte española son los camiones: hay miles de ellos entrando y saliendo de los aparcamientos, gasolineras, centros comerciales, hoteles… No atraviesan, claro, el pequeño pueblo de apenas tres mil habitantes y prácticamente una sola calle principal; pero sí se dejan ver –autopista de peaje aparte– en la Nacional II y, sobre todo, en el polígono Mas Morató, los dos sitios donde se concentra uno de los mayores mercadillos del sexo de toda Europa. Cientos de prostitutas, la inmensa mayoría jóvenes de países del Este, se ofrecen a los conductores en la misma carretera (ahora menos, debido a las bajas temperaturas) o en los clubes de alterne de la zona como el Desiré –de toda la vida, ya en decadencia–, el Lady’s Dallas, el Gran Madam’s y, especialmente, el Paradise, el más nuevo y espectacular de todos.

Tanto, que ya ha sido objeto de tres atentados con artefactos incendiarios y explosivos, entre ellos nada menos que un coche bomba que obligó a su desalojo –y el de los negocios de alrededor; supermercado, hotel y restaurante incluidos– en la noche de fin de año. “En unas horas perdí 200.000 euros –dice su propietario, José Moreno–. Lo tenía todo reservado, restaurante incluido… se me fueron un montón de chicas, asustadas; pero, bueno, ya están volviendo otra vez tanto ellas como los clientes”.

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No les importa entrenarse a bajas temperaturas, desplazarse los fines de semana a otros pueblos de la provincia o posar desnudos para un calendario, lo único que desean los jugadores del Club de Fútbol Vallelado es poder disfrutar de unas instalaciones acordes con su esfuerzo y dedicación. 

Vallelado es un pueblo de unos ochocientos habitantes situado al norte de la provincia de Segovia. Su nombre es fiel a la realidad, ya que en invierno las temperaturas rondan los cinco grados bajo cero durante la noche. Sin embargo, ni el frío vence la ilusión que une a mayores y pequeños: la pasión por el fútbol.

El equipo del pueblo ha hecho méritos para ello. La pasada temporada subió de categoría y ahora juega en la Primera División Provincial de Segovia. Este ascenso fue una gran alegría para los vecinos y para los jugadores, que combinan sus respectivos quehaceres diarios con los entrenamientos. Pero también exige una mayor inversión.

Los equipos contra los que se enfrenta ahora el Vallelado están acostumbrados a unas mejores instalaciones, y algunos han llegado a realizar quejas formales ante la Federación de Fútbol regional. César Pascual, directivo del club desde hace seis años, comprende estas críticas. “En los últimos años no ha habido apenas inversión –reconoce–. Al subir de categoría vienen equipos de más entidad y se encuentran con uno de los peores campos de la provincia”. 

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No corren buenos tiempos para vivir en pequeñas poblaciones. Con la intención de cerrar las urgencias nocturnas, que se quiere llevar a cabo en Castilla-La Mancha y en Castilla y León, la sanidad en el entorno rural se complica. En la Sierra de Madrid los recortes también amenazan con la desaparición de servicios.Alcaldes y concejales de todos los colores participan de un clamor popular en contra de que se elimine uno de los dos helicópteros sanitarios que hoy operan en la Comunidad de Madrid (CAM). Más de 74.000 firmas respaldan la petición para que no se cancele el servicio. 

No hay confirmación oficial, pero las alarmas han saltado por el recorte de 700.000 euros que contemplan los presupuestos de la CAM para 2013 y tras la reunión de un reducido grupo de alcaldes de la zona con el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty. En el encuentro no se afirmó, pero la decisión “parece que ya la tienen tomada”, dicen alcaldes que fueron convocados (todos del PP). Este recorte presupuestario supondrá la eliminación del helicóptero que tiene su base en Lozoyuela, al norte de Madrid. 

“Hay ocho millones para contratar siete helicópteros para labores forestales y no hay 700.000 euros para que siga funcionando un servicio que salva vidas. Primero que mantengan el helicóptero medicalizado, que luego ya protestaré para que incrementen los de extinción de incendios”, mantiene el alcalde de Bustarviejo, Ángel Temprano (PSOE). 

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Issatou Ndiaye tiene 47 años y llegó a España hace 12. No sabía ni escribir su nombre. En 2005 se sacó el carné de conducir, comenzó a estudiar informática, geriatría, cocina intercultural, castellano, costura y sensibilización social. No ha parado. La última vez que visitó su país, Gambia, fue hace cinco años. Los niños seguían sufriendo, la sequía continuaba afectando a las cosechas… y entonces decidió que, aunque ella no era una adinerada en España, podía ayudar a sus compatriotas. Organizó una asociación y hace poco puso en marcha una auténtica huerta africana en pleno Paterna, seis hanegadas de tierra en plena Huerta de Valencia.

Aissatou se juntó con cincuenta mujeres, la mayoría gambianas, pero también las hay de Senegal y otros seis países del África subsahariana, para sacar adelante cosechas de productos típicos de la tierra que las ha acogido y semillas de productos típicos africanos. Quieren, con la ayuda de microcréditos, formar una cooperativa para comercializar sus frutos en el mercado local de Paterna. Nos acercamos a la huerta y desde lejos se oyen cánticos en lengua soninké: “Unidas en el trabajo nos entendemos, el trabajo nos da fuerza, la unión nos ayuda...”. Cuidan  de sí mismas y de sus familias trabajando en el campo, una manera de salir adelante sin depender de nadie. 

“Dos años después de llegar a España –cuenta Aissatou, presidenta de la Asociación de Mujeres Africanas de Paterna–, mi madre falleció, y mis dos hijos se quedaron en mi país sin que nadie les pudiese cuidar. Empecé a trabajar para poder traerlos aquí, pero me denegaban el permiso porque no tenía suficientes ingresos. Fue una época dura, hace ya más de ocho años, cuando trabajaba en una empresa de limpieza de obras y pisos”. En 2004, Aissatou recibió otro no a su solicitud de permiso y la ansiedad comenzó a hacer mella.

La huerta africana de Valencia era en sus inicios un proyecto experimental basado en dos principios: la ecología y lo intercultural. Los primeros metros de terreno los utilizaron para sembrar únicamente productos africanos, y poco a poco la extensión de los cultivos ha ido acogiendo productos locales de temporada. Dividen el calendario en dos partes: en verano recolectan boniato, cacahuete, okra –se usa para salsas que acompañan la carne o el pescado–, jolinhe –una especie de tomate que se cosecha con calor y se come crudo o cocido–, yuca o maíz. En invierno recogen lechugas, habas, acelgas o berenjenas. Otras asociaciones dedicadas a la agricultura ecológica ayudan a mantener y sembrar el campo, intercambiando información y preservando estas cosechas para lograr alimentos para ellas y sus familias.Poder trabajar en plena crisis económica siendo mujeres, inmigrantes y africanas les ha dado mucha más fuerza. Aissatou, Aja, Mariama, Fatoumata, Mariamasillah y el resto de sus compañeras están mostrando el camino: la colaboración sirve para vivir con dignidad. 

Miles de familias españolas solicitan cada año una ayuda para poder sobrevivir. Los recortes sociales y los retrasos burocráticos dejan indefensos a quienes han perdido todo. Ya hay 1,8 millones de hogares con todos sus miembros en paro y, según el indicador AROPE propuesto por la Unión Europea y recogido en el último informa EAPN-España, hay doce millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en el país. La nueva reducción del 40 por ciento en las prestaciones básicas de Servicios Sociales, recogidos en los Presupuestos del 2013 y analizados por la asociación Estatal de Directores y Gerentes Sociales, supone que 22 millones y medio dejen de destinarse a políticas sociales y que 53.963 personas no puedan beneficiarse de programas de prevención e inserción.

A esta situación se suman las dificultades de las autonomías, a las que están transferidas la mayoría de las políticas sociales, ya que algunas no protegen  a miles de ciudadanos en situación de riesgo, pues recortan o retrasan los trámites para obtener la renta social reconocida por ley para ayudar a los parados sin prestación. La Renta Mínima de Inserción, o salario social, es una ayuda pública de entre 300 y 500 euros que nació para proteger a aquellas personas que no tienen recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas y se encuentran en una situación de riesgo. No se trata de “una limosna”, aclara Manoli Ruiz, sino de una leve garantía para poder tener, en su caso, “una vida digna” con su hijo.

Manoli, residente en Vidrieres (Girona), inició en 2010 los trámites para obtener el Pirmi (Programa Interdepartamental de Renta Mínima de Inserción). Hasta ese momento, había sido una trabajadora polifacética y emprendedora. Después de ver cómo se hundía su empresa de energía solar, Manoli comenzó a compaginar dos empleos para poder mantener a su familia: “Trabajaba en el aeropuerto de Girona como conductora y en una tienda de productos informáticos como cajera”. Sin embargo, no pudo mantener ese ritmo mucho tiempo y tuvo que dejar ambos trabajos: “Me daban entre cinco y seis crisis de ansiedad a diario”, cuenta. Entonces solicitó una ayuda que le permitiese vivir. “En todo momento expliqué que era una mujer separada, pero que como consecuencia de la situación laboral precaria y por más que trabajaba, no podía pagar la casa y, por tanto, la perdimos”, señala.

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Los recuerdos del pabellón cinco de la cárcel de Palmasola (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia) se le agolpan en la garganta a Julio Picazo Aguirrebengoa (Bilbao, 1969) como si quisieran salir todos a la vez para desaparecer por fin. Por eso se le atropellan las palabras a este empresario del marisco que viajó hace un año a Bolivia para expandir su negocio y cayó en una red de extorsión orquestada desde el Ministerio de Gobierno boliviano. De momento, siete personas han sido detenidas, entre ellas, la fiscal antidrogas que encarceló a Picazo.

Este empresario vasco pasó todo el año 2012 encarcelado en una de las prisiones más conflictivas de Iberoamérica, donde la supervivencia es cuestión de dinero: los reclusos han de pagar por la comida, el colchón y la asistencia médica. 

La tragedia la lleva Julio Picazo marcada en el rostro: mirada asustada y ausente y esa expresión de quien ha salvado la vida milagrosamente tras convivir con la muerte y aún no se lo cree. Solo las caricias de su madre, Charo, de 70 años, le devuelven algo de brío y relajan sus facciones. Picazo regresó a España el pasado 28 de diciembre. Su familia no le veía desde el 5 de enero de 2012, cuando Julio llegó a Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más grande de Bolivia, para hacer negocios con una empresa dedicada al cultivo de truchas asalmonadas en el lago Titicaca. “Mi empresa, Congelados Picazo, vende a mayoristas. Muchos de mis clientes son restaurantes asiáticos. El salmón en Europa está carísimo. Por eso me interesé por la trucha asalmonada. Bolivia es un exportador emergente de este producto. Contacté con Audax, una empresa de allá, y concerté una cita allí para ver en persona cómo trabajaban y comprobar los controles de calidad y sanitarios”, explica Julio Picazo a interviú.

Agathe Stimoli es la ejecutiva del banco suizo que trataba directamente con Luis Bárcenas, la que le mimaba para mantenerle como millonario cliente. En un informe enviado a sus superiores sobre el encuentro que mantuvo en Madrid con el tesorero del PP el 27 de junio de 2006, la banquera del Dresdner Bank escribe: “Me encuentro con el cliente en el hotel en Madrid. Viene con su amigo Luis F.”. Y añade detrás de ese nombre con inicial un número (1283047) que corresponde al de una clave o cuenta secreta. Nueve meses después, tras otra reunión discreta de la ejecutiva suiza con Bárcenas, en otro hotel de Madrid, Stimoli añade por escrito en el informe que envía a su jefe: “Le doy el extracto de cuentas de su amigo 1283047”.

La respuesta del banco suizo a la comisión rogatoria sobre el tesoro oculto de Luis Bárcenas (más de 22 millones de euros, en su mayoría ahora desaparecidos) solo incluye un Luis F. como contacto o amigo de Bárcenas: Luis Fraga, exsenador del Partido Popular y que habría tenido intereses comunes con Bárcenas en un portal digital de salud. La policía española ya está investigando si Luis F. es Luis Fraga Egusquiaguirre, sobrino de Manuel Fraga, el fallecido fundador de Alianza Popular y presidente del PP. “Tiene que tratarse de un amigo de total confianza. Bárcenas se lo lleva a una reunión personal y secreta con la enviada a Madrid del banco suizo. Y en otra reunión, ya sin Luis F., la ejecutiva del banco le da a Bárcenas los datos sobre la cuenta privada de Luis F.; es decir, tienen tanta relación que autorizó a Bárcenas a ser su intermediario con el banco suizo, a conocer todo sobre sus cuentas”, explica un gestor financiero consultado por esta revista.

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La tragedia del Madrid Arena y la sanción administrativa contra la empresa organizadora, Diviertt, y su dueño, Miguel Ángel Flores, tienen, por fin, el número 220/2013/00405 de la Dirección General de Gestión, Inspección y Control de Licencias de Actividades del Ayuntamiento de Madrid. Como recoge el expediente, al que ha tenido acceso esta revista, la ley permite al ayuntamiento sancionar a los organizadores de la fiesta, independientemente de lo que se decida en los tribunales de justicia, donde está imputado, entre otros, el empresario Miguel Ángel Flores por cinco supuestos delitos de homicidio imprudente, después de que el juez avalara que había vendido al menos 16.971 entradas para aquella fiesta (6.191 más de las permitidas).

Sin embargo, y a pesar de las pruebas y de lo tremendo de la tragedia del 1 de noviembre –cinco jóvenes murieron aplastadas en un local municipal: Belén Langdom, Rocío Oña, Katia Esteban, Teresa Alonso y Cristina Arce–, el Ayuntamiento de Madrid no había tomado hasta mediados de enero una decisión tan lógica como la de abrir un expediente sancionador. La ley de espectáculos de Madrid considera falta muy grave “la superación del aforo máximo permitido cuando comporte un grave riesgo para la seguridad de personas o bienes”. Esa misma ley recoge la posibilidad de aplicar multas de hasta 300.000 euros y la prohibición de organizar espectáculos durante un plazo máximo de dos años para los responsables.

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Ser mujer en Somalia no es la mejor suerte que le puede tocar a alguien en este mundo. Este país africano sufre sus propias y recurrentes plagas, contra las que la ayuda humanitaria occidental solo logra poner tiritas a un pueblo que se desangra. Desde que en 1991 fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barré, la población padece una situación de desgobierno que abonó el terreno a milicias islamistas, señores de la guerra y bandas de delincuentes.

Si a eso le añadimos las continuas sequías que azotan a esta nación del Cuerno de África, el panorama se hace tan desolador como cabe imaginar en uno de los países más pobres del planeta (Unicef lo coloca entre los tres más subdesarrollados, con una renta per cápita inferior a 300 euros al año y una población flotante de un millón y medio de hambrientos).

En este durísimo panorama, la creciente violencia se ceba con las mujeres. Violaciones y ataques son constantes entre la población femenina que llega a los campos de refugiados a las afueras de la capital, Mogadiscio. Acuden de todo el país tras la promesa de alimentos y seguridad. Allí, sin embargo, nada cambia. La violencia reina, como en todo el país, y las mujeres son víctimas propicias de agresivas bandas que aprovechan la situación de anarquía para abusar de ellas con total impunidad.

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Ángel Codinach tiene 25 años y padece trastorno obsesivo compulsivo; Joan Vila sufrió su primer brote esquizofrénico hace 30 años, cuando estudiaba Bellas Artes; Enric Montoro, de 29, explica que tiene distrofia muscular de Steinert y no cuenta más. Pero ellos tres, como el 77 por ciento de la plantilla de La Fageda (tercer fabricante de yogures de Cataluña y líder en el yogur de granja), sufren discapacidad intelectual o trastornos mentales severos (esquizofrenia, delirios y desórdenes psicóticos o de comportamiento).

De entrada, puede asustar, pero estas personas han demostrado que, bien atendidas y valoradas, son trabajadores amables,  capaces de hacer productos de alta calidad, muy apreciados en el mercado. La Fageda –cooperativa de yogures, mermeladas y helados– factura 14 millones de euros y no siente la crisis. Su mayor éxito no es su balance económico, sino conseguir que estos enfermos crónicos trabajen, reciban sus nóminas y se integren socialmente.

Cristóbal Colón, presidente de la empresa y artífice de este proyecto que ya cuenta con treinta años de vida, precisa: “No queríamos ser la mano de obra barata de la fábrica de al lado. Buscábamos recomponer la autoestima de estos enfermos y que su trabajo fuera de calidad para salir de la compasión. Sus salarios progresan en función de su autonomía, de su producción y de su especialización".

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La oficina 702 del bloque de apartamentos en el número 1368 de la plaza Cagancha, en pleno centro de Montevideo (Uruguay). Hasta ahí llega el rastro de casi 19 millones de euros ocultados a la Hacienda y a la Justicia españolas por el extesorero del PP Luis Bárcenas. Ese pequeño apartamento, ubicado en la plaza que sirve de kilómetro cero a las carreteras uruguayas, es la sede de PT Bex Bursátil Corredor de Bolsa, una mínima sociedad con un presidente-empleado. Un hombre llamado Diego Martínez Bernié.

Esa mínima empresa con tan modesta oficina era, sobre el papel, la encargada de mover parte del tesoro amasado por Luis Bárcenas. Aunque parezca increíble, esa pequeña sociedad es la dueña de otra empresa, casi con el mismo nombre, pero con sede en Estados Unidos, por la que pasó parte de los 22 millones de euros que tuvo el tesorero del PP en una de sus cuentas abiertas en Suiza, la del Dresdner Bank, con el número 8401489. PT Bex fue el vehículo para esconder más de un millón de dólares. Pero no fue la única. En menos de tres meses, el extesorero del PP consiguió poner todo su patrimonio oculto a nombre de compañías uruguayas.

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Son las siete de la mañana y Marta Cruz, de 43 años, se prepara para el viaje. Ducha rápida y nada de cremas ni colonia. Debe ir completamente limpia. En unas horas estará en A Coruña –apenas cien kilómetros de distancia– con una máquina irradiándole la zona de la mama donde le detectaron el tumor hace un año. Después, explica, ya podrá aplicarse aloe vera o rosa mosqueta. “Van muy bien para la quemazón”. Cada año, 200.000 españoles, como Marta, son diagnosticados de cáncer, recuerda la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en el Día Mundial de la enfermedad, que se celebra el 4 de febrero.

El ánimo de Marta es admirable, si se piensa que encara su 21 sesión de radioterapia. Le queda otra decena. Casi siete semanas, de lunes a viernes. Día tras día. Viaje tras viaje. Eso después de haber pasado por la quimio. El suyo era un cáncer muy agresivo. “Se ha venido arriba. Es ella la que nos apoya”, dice José Antonio, su marido, todavía en pijama en la cocina. “Al principio me quedé en ‘off’. Pero tenía que ponerme las pilas por mis hijos”, justifica la enferma. Marta apura el tiempo. Tiene que bajar a Amy, la perra que le regalaron sus compañeras cuando le detectaron el cáncer. En Lugo, la noche es cerrada. Pronto empieza a llover.

Pasadas las ocho llega la ambulancia.   Conduce Pepe Castiñeira. Más de una década haciendo el mismo viaje. Lugo-A Coruña. Ida y vuelta. En turno de mañana. A toda velocidad por la A-6. Destino: Centro Oncológico de Galicia, perteneciente a una fundación benéfica privada por donde cada año pasan unos seiscientos lucenses para recibir la radioterapia capaz de curar hasta un 50 por ciento de los cánceres. De mama, boca, pulmón, garganta, próstata…

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El anuncio apareció en el BOE el sábado 29 de septiembre pasado. “Habiendo resultado infructuosas las notificaciones iniciales”, la Dirección de Inspección del Ministerio de Empleo y Seguridad Social recurría al boletín oficial para notificar 22 actas de infracción a Esabe Vigilancia SA. Pero los inspectores de trabajo no tendrían que haber buscado demasiado para entregar el aviso: bastaba con mirar quién vigilaba el ministerio.

Esabe tenía la contrata de la custodia y control de acceso de numerosas oficinas de la Inspección de Trabajo por toda España, y también el encargo de vigilar la propia sede ministerial. Ese era, de hecho, uno de los contratos más grandes de la empresa: 4,9 millones de euros que le habían sido adjudicados en noviembre de 2011. 

Un hito en la cartera de negocios del grupo empresarial que hoy la policía tiene por red mafiosa y cuyo dueño, Juan José Prados del Pino, está desaparecido. Esabe conseguía muchas contratas con todo tipo de departamentos del Estado, y con una frecuencia sorprendente: prácticamente mensual desde 2009. Y todo pese a que la red que dirigían Prados, su esposa y sus hijos como una familia –en la acepción más calabresa del término– estaba perpetrando un gigantesco fraude a Hacienda y la Seguridad Social que resonaba en todo el sector de la seguridad privada.

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Donde antes ponía a un argentino o un brasileño, ponga un español. Es el cambio que ha llevado a 287 profesionales del fútbol español a todo tipo de ligas y categorías del mundo. Son toda una legión extranjera balompédica. “El futbolista español, y el entrenador, ha cambiado la mentalidad –explica a interviú Vicente Blanco Tito, directivo de la Asociación de Futbolistas Españoles y responsable de las Sesiones AFE, para la recolocación de futbolistas sin equipo–. Al igual que el resto de la sociedad, está abierto a irse a cualquier lado. Evidentemente, los éxitos de la selección y el tipo de fútbol que practicamos han hecho que el prestigio de nuestros jugadores sea mucho mayor. En muchos países donde había una demanda de brasileños y argentinos ahora se están pidiendo españoles”. Tito cree que antes teníamos una Liga solvente económicamente y había muchas posibilidades. En Segunda y Segunda B  se pagaban unos sueldos lo suficientemente atractivos como para que no se plantearan la posibilidad de irse al extranjero. “Antes un jugador de Segunda B gozaba de un alto prestigio en su ciudad. Pero esta categoría ha pegado un bajón y los jugadores ni tan siquiera llegan a final de mes. Esos mismos jugadores ahora aceptan ir a una liga menor y se vuelven a sentir futbolistas e importantes”, apunta el dirigente de AFE.

La propia AFE impulsa la emigración con una serie de concentraciones para jugadores sin equipo a las que acuden representantes y directores deportivos. “Es una forma de abrir mercado, sin olvidarnos de España, por supuesto, pero con la vista puesta en otros países. Pero también promovemos un cambio de mentalidad. Durante todas las jornadas hay clases de inglés”, explica Tito

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Aislados de España por una frontera que se abrió tarde para ellos, separados del resto de Portugal por insolentes montañas, comunicados a duras penas con los pueblos vecinos por trochas que jadean entre el matorral de los montes, los aldeanos de Trás-os-Montes en general, y los de la tierra de Miranda en particular, viven en uno de los lugares más atrasados de Europa. Un lugar hermoso que a punto está de morir.

“Agora já tudo acabou” es la frase que más se oye. Conscientes de que es difícil la comunicación con los poquísimos jóvenes que aún no se han ido a Oporto, a Lisboa o a cualquier sitio de Europa, los viejos de estas localidades del noreste portugués fronterizas con España se encierran a cal y canto en su forma de vida, la única que conocen desde niños: las labores agrícolas con los animales, el pastoreo, la unión con los ciclos míticos de la naturaleza, la muerte en su propia cama. Apenas se vaya esta última generación de ancianos, no volverá a repetirse jamás en la península Ibérica.

Allí todo queda a trasmano del mundo. Para llegar desde Paradela a Braganza –la capital– es más fácil salir por las carreteras españolas que continuando por las portuguesas. En muchas casas no hay calefacción, y para defenderse del frío sus habitantes no cuentan más que con su propio pellejo, la mampostería de las paredes y el hogar, donde arde el fuego. Tierra pobre aquella, sí. Y más después de que cerraran para siempre las minas de estaño y wolframio. Tierra de emigrantes, donde los pocos niños y adolescentes que hay tratarán de huir en cuanto puedan.