
"Preguntado qué persona pudo tener la filtración de la sentencia del Tribunal Supremo, responde que no lo sabe, pero que sin embargo ha oído –sin poder comprobarlo–, y lo ha oído de boca de los González, que era el hombre de ellos en los juzgados uno al que llamaban «Landete»”.
Estas líneas encabezan el folio 10.780 de los 30.000 que engordan el sumario del caso de Las Teresitas. Con la instrucción ya terminada, sería un anodino folio más de las diligencias si no fuera porque el caso lo va a juzgar un tribunal presidido por un magistrado que se apellida precisamente Landete.
El párrafo acaba de cumplir siete años. El 16 de abril de 2009 lo redactó en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife una secretaria judicial que escuchaba a un testigo protegido. Un periodista conocido en la isla comparecía aquel día con la protección del anonimato ante la fiscalía y la magistrada Carla Bellini, instructora de uno de los más graves escándalos urbanísticos de España. El testigo habló de pagos a políticos, pero esta otra parte de su declaración pasó inadvertida. Hoy es importante: puede impedir al magisrado Joaquín Luis Astor Landete juzgar un caso de 100 millones de euros, con 12 inculpados, ente ellos políticos del PP, el PSOE y Coalición Canaria como el exalcalde de Santa Cruz y exsenador Miguel Zerolo, gran jugador de lotería al que la suerte ha sonreído con frecuentes premios, para asombro de los policías que investigaron su fortuna.
El testigo era exempleado de Ignacio González, poderoso empresario, expresidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz y uno de los principales acusados. A él y a Pedro, su hijo y lugarteniente, se refería como “los González”.
La sentencia por cuya filtración preguntaban al testigo es un polémico fallo. El Supremo legitimó la recalificación del frente de la playa de Santa Cruz, Las Teresitas. Presuntamente informados antes que los pequeños dueños del terreno, González y su socio Antonio Plasencia compraron por cuatro perras y dieron un pelotazo de más de setenta millones de euros.
El “hombre en los juzgados” al que citó el declarante podría no ser el Landete que preside el tribunal, pero la acusación popular, la asociación Justicia y Sociedad, aun sin dudar de “la honorabilidad del ciudadano magistrado”, cree que “este señalamiento del testigo protegido proyecta una indeleble sombra que compromete su necesaria apariencia de imparcialidad”. Lo dice una recusación que presentó el abogado José Pérez Ventura, y que, en el mes que lleva rodando por el palacio tinerfeño de Justicia, ha detenido el caso.
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